LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS IMPULSA EL DEBATE SOBRE EL RIGI Y LOS DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO

A dos años de su aprobación, especialistas, funcionarios y representantes del sector privado analizaron los resultados de la medida al momento. Coincidieron en que fue una herramienta necesaria para atraer inversiones de gran escala, aunque advirtieron sobre las dificultades para ampliar sus beneficios al conjunto de la economía.

21/8/2026.- A dos años de su puesta en marcha y con anuncios de inversión que superan los US$100.000 millones, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue el eje de la conferencia “El RIGI: ¿Un instrumento para la modernización productiva?”, organizada por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (UBA-CONICET).

Los participantes coincidieron en que, en las condiciones que enfrentaba la Argentina en 2023, era conveniente contar con un instrumento capaz de reducir riesgos, ofrecer seguridad jurídica y destrabar proyectos de gran escala que difícilmente se hubieran concretado en razón de la situación económica de aquel entonces. No obstante, como señaló Ricardo Carciofi -investigador del IIEP-, constituyó una novedad que un gobierno de tinte libertario aceptara la necesidad de una política promocional con importantes incentivos tributarios.

“Argentina, como estaba, no iba a recibir grandes inversiones”, sintetizó Fabio Quetglas, ex diputado nacional, al destacar que el RIGI respondió a la necesidad concreta de generar condiciones para que inversiones de largo plazo pudieran comenzar a evaluarse y ejecutarse en el país.

En la misma línea, Flavia Royón, senadora nacional por Salta, sostuvo que el RIGI “era necesario” para sectores estratégicos como minería, energía, litio, cobre, gas natural licuado y Vaca Muerta. A su juicio, aunque el régimen puede ser considerado “demasiado generoso” y presenta deficiencias que deben corregirse, era preferible contar con esta herramienta que no tenerla. Varios panelistas señalaron la necesidad de dar transparencia a los beneficios otorgados y de disponer de información para poder evaluar la adicionalidad de los proyectos.

Desde el sector privado, Alfredo Sánchez Moreno, gerente de Finanzas del Proyecto Los Azules, explicó que el régimen permitió competir con países como Chile y Perú y reducir una brecha que hacía inviable atraer capitales de gran escala. También destacó que el RIGI combinó incentivos económicos con un componente intangible decisivo como es la previsibilidad y las garantías jurídicas que demandan los inversores.

La necesidad de generar desarrollo territorial

La experiencia de implementación también mostró que el RIGI excedió las expectativas iniciales de quienes lo asociaban exclusivamente con la minería. José García Hamilton, ex secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, señaló que “comenzaron a aparecer proyectos siderúrgicos, solares, mineros y energéticos, con iniciativas en marcha en 10 provincias”.

El impacto territorial fue uno de los puntos destacados durante la conferencia. Para los oradores, el reto consiste ahora en transformar la llegada de inversiones en infraestructura, empleo, proveedores locales y capacidades productivas duraderas. Se señaló también que el RIMI podría ser un instrumento para contribuir a este propósito.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, remarcó que el desarrollo de Vaca Muerta está generando nuevas demandas de infraestructura, educación, salud, vivienda y capacitación, y que la provincia trabaja para que el crecimiento de la actividad energética tenga efectos más amplios sobre la economía local.

Por su parte, Rubén Dusso, el vicegobernador de Catamarca, destacó que la minería tiene una historia previa al RIGI, pero que el nuevo régimen multiplicó las posibilidades de inversión. Señaló, además, la necesidad de aprovechar la oportunidad para desarrollar proveedores, infraestructura y actividades que permitan construir una economía sostenible una vez que los recursos naturales no renovables se agoten.

Los dilemas que plantea la evolución del régimen

La discusión no estuvo centrada solamente en los beneficios del RIGI. Distintos participantes coincidieron en que, dado que la herramienta supone el otorgamiento de beneficios, su aplicación debe estar acompañada por controles, transparencia y evaluación de resultados.

Juan Carlos Hallak, director de la Maestría en Economía de FCE-UBA planteó que, después de dos años de implementación, es posible aprender sobre el diseño y la gestión del régimen, incluyendo los márgenes de discrecionalidad y los mecanismos de evaluación.

Ricardo Carciofi, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de dicha casa de estudios, señaló que puede entenderse el tratamiento privilegiado que tienen los proyectos promocionados en razón del objetivo que se persigue. Pero advirtió que esa es una situación transitoria que se justificaba cuando se aprobó el régimen. Como el RIGI vence en 2027, el investigador sostuvo que no es conveniente una prórroga del actual régimen. Agregó que es necesario una evaluación previa, que corresponde hacer públicos los beneficios otorgados y toda la información necesaria para que la sociedad pueda evaluar sus resultados. Asimismo puntualizó que, en su opinión y de acuerdo al proyecto de ley en curso, el Super RIGI no constituye la continuidad de la actual política.

Nicolás Gadano, economista jefe de Empiria, planteó que el éxito del RIGI no debería medirse por la permanencia de un “mundo RIGI” separado del resto de la economía, sino por su capacidad de anticipar las condiciones que deberían convertirse en normales para toda la Argentina. “La libre disponibilidad de divisas, la seguridad jurídica y un entorno favorable a la inversión, no deberían permanecer indefinidamente como beneficios excepcionales”, sostuvo.

En ese sentido, varios participantes advirtieron que el desafío de fondo es evitar que el régimen genere una economía a dos velocidades. Las políticas promocionales como el RIGI, el RIMI pueden ayudar, pero esta divergencia de la trayectoria económica de los distintos sectores se entrelaza con el marco más general de la política. El objetivo debería ser que las condiciones extraordinarias que hoy hacen posible la llegada de grandes inversiones se conviertan progresivamente en condiciones generales para invertir y producir en el país.

Del instrumento de emergencia a una política de desarrollo

El debate también puso sobre la mesa cuestiones como la estructura tributaria, la coordinación entre Nación y provincias, la formación de trabajadores, el desarrollo de proveedores locales, la infraestructura y la necesidad de una política productiva más amplia.

Para Carciofi, será necesario discutir cómo se distribuyen los beneficios y costos del nuevo proceso de inversión, mientras que Royón subrayó la importancia de respetar los compromisos asumidos: la seguridad jurídica será determinante para que las inversiones lleguen efectivamente a concretarse.

El horizonte que emerge de la experiencia de estos dos años es, por lo tanto, doble. Por un lado, el RIGI fue una medida necesaria y oportuna para una Argentina que necesitaba recuperar credibilidad, atraer capital y poner en marcha inversiones de gran escala. Queda planteada la pregunta de si podría haberse obtenido una respuesta similar con menores incentivos y beneficios promocionales. Para ello es necesaria una evaluación sobre la base de evidencia y resultados. Por otro, cabe esperar que esas inversiones se traduzcan en mayor capacidad productiva, exportaciones, empleo, proveedores, infraestructura y nuevas oportunidades para otros sectores.

La conferencia “El RIGI: ¿Un instrumento para la modernización productiva?” se realizó en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y fue organizada por Andrés López, Juan Carlos Hallak, Ricardo Carciofi y Gustavo Svarzman.