NOVIEMBRE 2025 | #1
Elaboración
Javier Curcio (AFISPOP)
Florencia Simonini (AFISPOP)
Aurelia Lupis (OGECyT – IGEDECO)
Brenda Glickman (OGECyT – IGEDECO)
El Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio 2026 (PLP 2026) llega tras dos ejercicios consecutivos con “presupuesto de prórroga” y una inflación acumulada cercana al 700% en 2023–2025, lo que erosiona la legitimidad y representatividad de los créditos vigentes. En ese marco, la nueva planificación busca recomponer previsibilidad, pero parte de bases que deben leerse con cautela.
El PLP 2026 reafirma la regla de déficit cero. Aun así, el propio mensaje oficial admite el agotamiento del ajuste 2024–2025 y las restricciones de financiamiento. Además, el superávit primario proyectado (1,5% del PIB) se sitúa por debajo del 2,2% comprometido en la revisión del programa con el FMI, acotando aún más el margen fiscal y tensionando la sostenibilidad de políticas sensibles, como las vinculadas con el sector educativo.
Las proyecciones macroeconómicas oficiales sobre las que se basa la programación presupuestaria son más optimistas que las previstas por el consenso de mercado. Por ejemplo, en relación con el nivel de actividad, el PLP 2026 prevé un crecimiento real de 5,4% en 2025 y 5,0% en 2026, frente a 3,9% y 3,0% previstos en el REM. En cuanto a la evolución de los precios, el PLP asume una desinflación más rápida: 24,5% (dic–dic) y 40,6% (promedio) en 2025, y 10,1% (dic–dic) y 13,7% (promedio) en 2026. El REM, en cambio, proyecta 29,8% y 41,6% para 2025, y 19,5% y 23,6% para 2026. Si el ritmo de desinflación es menor al programado en las estimaciones oficiales, el poder de compra del gasto programado sería menor al esperado, recortando las recuperaciones anticipadas o profundizando las caídas.
Para analizar los efectos potenciales, el trabajo utiliza dos escenarios de IPC (PLP vs. REM), aproximando el promedio anual del IPC nivel general con alcance nacional para deflactar las series del gasto público.
Finalmente, en relación con el sector educativo, es importante señalar que el presupuesto nacional representa una porción equivalente a 22%-25% del financiamiento público total dirigido a la educación, complementando los aportes que realizan principalmente las provincias junto a una participación muy acotada a cargo de los municipios. La educación básica está descentralizada y su financiamiento principal recae en las provincias, mientras que la Nación se ocupa de solventar el sistema universitario nacional y asume un rol complementario en la educación básica y superior no universitaria a través de programas y transferencias específicas.
El gobierno nacional financia y gestiona funciones directas concentradas en la educación superior universitaria y programas federales (políticas socioeducativas, becas, infraestructura, equipamiento, conectividad y educación técnica) para compensar asimetrías entre jurisdicciones; produce estadísticas y evaluaciones, fija marcos normativos y fortalece capacidades (formación docente y asistencia técnica). El Consejo Federal de Educación (CFE) es el ámbito donde el gobierno nacional, las provincias y la CABA acuerdan lineamientos comunes, estándares y metas, armonizando calendarios, currículos y criterios de evaluación, mientras la educación básica, descentralizada, se financia y gestiona principalmente a nivel provincial, con aportes nacionales complementarios en programas específicos.
El articulado del Presupuesto 2026 introduce algunos cambios relevantes respecto del funcionamiento del sistema. En primer lugar, destaca la derogación de artículos incluidos en diversas leyes, que establecen pisos mínimos de gasto para distintas áreas del sistema educativo y del sector de ciencia y tecnología. Esta decisión está atravesada por un debate recurrente respecto del rol de estos pisos como instrumentos de política pública. Por un lado, estos parámetros intentan funcionar como una herramienta para reforzar la priorización y proteger el financiamiento en sectores estratégicos frente a cambios en el ciclo económico o en las urgencias gubernamentales, y para garantizar niveles mínimos de gasto que permitan robustecer el sistema y garantizar la continuidad de políticas educativas en el largo plazo. Por otro lado, existen cuestionamientos vinculados a su efectividad, tanto por los frecuentes incumplimientos de los pisos establecidos como por las limitaciones propias de los indicadores utilizados para definirlos, que en algunos casos no reflejan adecuadamente las necesidades de financiamiento ni garantizan el sostenimiento real del gasto educativo.
Las derogaciones aludidas están incluidas en el artículo 30° del Presupuesto y son las siguientes:
Este artículo establece que “el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al seis por ciento (6%) del Producto Interno Bruto (PIB)”.
Su antecedente inmediato es la Ley de Financiamiento Educativo (LFE) sancionada en 2005 (Ley 26.075), que fijó un sendero progresivo de incremento del gasto educativo hasta alcanzar dicha meta en 2010. Posteriormente, este compromiso fue ratificado en la Ley de Educación Nacional (LEN) de 2006 y reiterado en las sucesivas leyes de presupuesto, consolidándose como un marco legal de referencia para la política educativa y como una obligación compartida entre Nación y provincias para sostener niveles mínimos de gasto en el sector.
La eliminación de este piso mínimo desliga a la Nación y a las jurisdicciones subnacionales del compromiso conjunto, legitimando desde la normativa el ajuste educativo nacional y habilitando la reducción de las asignaciones presupuestarias en ambos niveles de gobierno. Esto es particularmente relevante dado que las provincias concentran la mayor parte de las responsabilidades financieras en educación obligatoria, incluyendo salarios docentes y gastos de funcionamiento de las escuelas, por lo que la eliminación del piso podría tener efectos sobre la calidad y equidad educativa en todo el territorio.
Si bien en la práctica el objetivo del 6% del PIB no se cumplió de manera sostenida desde su establecimiento –el único año en que sí se alcanzó fue 2015-, la existencia de esta meta legal ha servido de referencia para la asignación de recursos y como parámetro para la discusión pública. Además, este umbral se encuentra en línea con las recomendaciones internacionales establecidas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que sugieren que el gasto educativo se sitúe entre el 4% y el 6% del PIB como referencia para garantizar el financiamiento adecuado del sistema. Su derogación elimina este marco de referencia, debilitando los mecanismos institucionales que pueden limitar la discrecionalidad presupuestaria en el área educativa.
En 2023, último año con información consolidada para la Nación y las provincias, el gasto educativo consolidado alcanzó el 5,2% del PIB, compuesto por un 1,4% del Estado nacional (una cifra cercana al 1,6% registrado en 2015) y el resto aportado por los tesoros provinciales. Según las proyecciones del Presupuesto 2026, el esfuerzo nacional se reduciría a alrededor del 0,7% del PIB, lo que consolidaría un proceso de ajuste profundo y sostenido.
Gráfico 1. Gasto educativo por nivel de gobierno en % del PIB, 2005 a 2023
Fuente: elaboración propia con base en Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE)
Este artículo crea el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, destinado al financiamiento de esta modalidad educativa. Dicho fondo debe integrarse con un monto anual no inferior al 0,2% del total de los ingresos corrientes del Sector Público Nacional, además de otros recursos que Educación asigna a programas de inversión en escuelas. Los recursos del Fondo se destinan a la adquisición de equipamiento, mantenimiento de equipos, insumos de operación, mejoras edilicias y desarrollo de proyectos institucionales en el marco de la educación técnica. La ejecución en las provincias se realiza a través del Consejo Federal de Educación, mientras que el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) actúa como organismo responsable de la aplicación de la Ley.
La Educación Técnico Profesional –regulada por el artículo 38 de la Ley de Educación Nacional- constituye una de las modalidades del sistema educativo formal, y comprende tres niveles: Escuelas Técnicas Secundarias, Educación Técnica Superior y Formación Profesional. Su objetivo es promover el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas que permitan la inserción laboral y el desempeño profesional calificado, lo que la convierte en una modalidad estratégica para el desarrollo socio-productivo. En un país con una estructura económica y social heterogénea, la ETP vincula la educación con el empleo y la producción, promueve la cultura del trabajo, transfiere saberes tecnológicos al entramado productivo y amplía las oportunidades educativas de los sectores vulnerables. Asimismo, fomenta el diálogo social entre el Estado, el sector privado y los sindicatos, consolidando un enfoque de corresponsabilidad en la formación técnica y profesional.
El INET fue creado con la misión de articular de manera coherente la ETP con el sistema productivo y el mundo del trabajo. Su tarea consiste en diseñar políticas y herramientas formativas que respondan a las necesidades específicas de los distintos sectores productivos, las economías regionales y las áreas de vacancia curricular. Para ello, el Instituto elabora Marcos de Referencia que orientan el desarrollo y la actualización de las carreras técnicas, procurando que la oferta educativa se ajuste a las características y proyecciones productivas de cada región.
En los últimos años, tras el proceso de homologación nacional de títulos técnicos, la mayoría de las jurisdicciones impulsaron políticas destinadas a jerarquizar y expandir esta modalidad. En ese proceso, el INET desempeñó un rol central, brindando asistencia técnica y financiera, estableciendo estándares de calidad mediante los Marcos de Referencia y otorgando financiamiento directo a instituciones para la compra de equipamiento, la adquisición de insumos y la adecuación edilicia necesaria para el funcionamiento de talleres y laboratorios.
Por el rol estratégico que cumple esta modalidad en la cualificación y recualificación de trabajadores, la innovación tecnológica y la formación de recursos humanos calificados, resulta especialmente preocupante la reducción del financiamiento previsto para el Fondo de ETP.
Para 2026, este Fondo cuenta con un crédito asignado de $11.281 millones, lo que implica una caída real del 68% respecto de 2025 (según el crédito vigente al 30/09) y una reducción de 93% en comparación con el año 2023. Esta disminución compromete seriamente la continuidad de políticas de fortalecimiento institucional y de actualización tecnológica en las escuelas técnicas.
Gráfico 2. Fondo Nacional de ETP como % de los recursos corrientes del SPN, 2016 a 2026 (p)
Fuente: elaboración propia con base en Mensaje del PLP 2026, Presupuesto Abierto e INDEC
Otro piso que se busca desafectar con el PLP 2026 es el sendero legal establecido por la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que obliga a elevar gradualmente la inversión nacional en ciencia y técnica. El artículo 5º de dicha norma establece llevar al 1% del PIB esas partidas en 2032, el artículo 6º establece la tabla de progresividad anual mínima y el artículo 7º define la garantía de piso para que la asignación nunca sea inferior en términos absolutos al año previo. La supresión de estos artículos desactiva los mecanismos que aseguraban previsibilidad y expansión real del financiamiento del sistema científico-tecnológico que tienen, a su vez, una relación muy marcada con el financiamiento educativo, especialmente en el ámbito universitario.
Además de la búsqueda de suspensión de los pisos de financiamiento incluida en el artículo 30° del PLP, es importante considerar una serie de pautas sobre el funcionamiento de las UUNN establecidas en el artículo 12º que podrían poner en riesgo la autonomía universitaria. El mencionado artículo busca condicionar las transferencias a la presentación de información ante la subsecretaría de políticas universitarias (SPU), habilitando la interrupción de giros en caso de incumplimiento; imponiendo la adopción de clasificadores funcionales en la ejecución presupuestaria y en la cuenta de inversión; y determinando que los aumentos salariales de 2026 se apliquen sobre las plantas vigentes a noviembre de 2025, requiriendo autorización previa de la SPU para nuevas altas o ampliaciones de planta.
Si bien dichas disposiciones se aplicaron en presupuestos anteriores sin afectar el funcionamiento de las universidades nacionales, la eventual profundización de la discrecionalidad administrativa por parte de la SPU sobre la gestión financiera y de personal de las universidades, podría tensionar su autonomía y autarquía establecidas por la Constitución Nacional y reafirmadas por la Ley de Educación Superior para garantizar su desarrollo.
La clasificación funcional del presupuesto público organiza el gasto por finalidades y funciones y permite ver qué políticas se financian, más allá de los organismos que las implementan. Dentro de la finalidad Servicios Sociales, que es la principal en el presupuesto nacional y abarca más del 70% de los recursos, se ubica –entre otras- la función de Educación y Cultura, clave para evaluar prioridades y su evolución real en el período reciente. Es importante aclarar que la función Cultura está incluida en términos agregados junto a educación, pero representa una porción minoritaria y no será analizada en este boletín.
Según se observa en el Cuadro 1, el gasto nacional registró una contracción excepcional del gasto primario, que cayó 4,3 p.p. del PIB frente a 2023 (pasando de 19,8% a 15,5%). Las proyecciones incorporadas en el PLP 2026 prevén que, hacia el cierre de 2025, el gasto total nacional agregará una contracción adicional de 1,5 p.p., hasta 14,0% del PIB, equivalente a una caída real de 4,5% (escenario PLP) o 5,2% (escenario REM). Para 2026, el proyecto prevé una recomposición leve hasta 14,2% del PIB: en términos reales, +6,1% (PLP) o –2,4% (REM). En el gasto primario, la mejora sería de +6,2% real (PLP), con un peso cercano al 13% del PIB.
Cuadro 1. Presupuesto de la Administración Pública Nacional según clasificación funcional, 2023 a 2026 (p). En millones de pesos corrientes, en % del total y en % del PIB
Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos del Mensaje del PLP 2026, del Sitio del Presupuesto Abierto y del INDEC.
En Educación y Cultura, tras la contracción de 2024 y la reducción adicional de 2025, el PLP 2026 proyecta una mejora moderada en 2026 (≈+8% real en el escenario oficial), aunque muy lejos de los niveles de 2023 (la caída real 2023-2026 alcanzaría al 45% en la función educativa). La magnitud efectiva de la evolución interanual 2025-2026 dependerá del ritmo de desinflación. El REM prevé una recuperación más lenta que atenúa la recuperación reduciendo el poder de compra de las partidas a ser asignadas (bajo este escenario REM-BCRA el gasto en educación y cultura se incrementaría solo 1,4% en 2026).
Es importante considerar también el presupuesto en Ciencia y Técnica, íntimamente ligado al financiamiento de las universidades nacionales. El gasto en esta función permanecería prácticamente estable en términos reales en 2026 (≈+0,7% real en el escenario oficial), lo que refleja una contracción real acumulada entre 2023-2026 de 47%.
Los créditos asignados en el Presupuesto 2026 a la Secretaría de Educación representarían el 4,27% del gasto de la Administración Pública Nacional (APN) del año próximo. Es una proporción similar a la de 2025 (4,28%), pero considerablemente inferior a la de 2023, cuando el gobierno nacional destinó 6,36% al Ministerio de Educación.
Cuando se compara el gasto educativo nacional con 2023 –último año con Ley de Presupuesto aprobada- se observa, por un lado, una caída real de 49% en el conjunto de los programas, afectando negativamente a todos ellos, excepto el programa de evaluación de la calidad educativa y al Plan Nacional de Alfabetización, cuya incorporación representa una de las novedades de la actual gestión. Por otro lado, se advierte un cambio en la composición del gasto, producto del cual los programas destinados a educación superior ganaron participación en detrimento de los programas de otros niveles educativos, e incluso dentro de la educación obligatoria se prioriza un mayor destino de recursos hacia la educación primaria.
Gráfico 3. Gasto de la Secretaría de Educación como % del gasto total de la APN, 2018 a 2026 (p)
Gráfico 4. Estructura vertical del gasto en la Secretaría de Educación, 2023 a 2026 (p)
En este apartado se presenta un análisis detallado de cinco programas del presupuesto educativo, para comprender la dinámica reciente del gasto nacional en el sector.
Por un lado, se examinan cuatro programas que explican el 91,7% de la reducción del gasto educativo entre el Presupuesto 2026 y el ejecutado en 2023, ya que fueron desfinanciados o directamente discontinuados durante los últimos años. Por otro lado, se incorpora el Plan Nacional de Alfabetización, seleccionado por su carácter prioritario en la agenda de la actual Secretaría de Educación, a fin de complementar el análisis con una iniciativa que concentra esfuerzos financieros en esta nueva etapa de gestión:
En 2026, el programa sufriría una caída real de 30,9% real vs. 2023 y, de cumplirse los supuestos macroeconómicos del Presupuesto, quedaría apenas 0,8% por encima de 2025. Se trata del financiamiento a universidades nacionales, cuyos recursos dependen en aproximadamente 90% de transferencias del gobierno nacional. En 2024, el 88% de los fondos se destinó a salarios de docentes, personal no docente y demás trabajadores; el resto se destinó a actividades de extensión, investigación y funcionamiento de hospitales universitarios.
Parte de la contracción presupuestaria se refleja en los salarios universitarios, que en junio de 2025 habían perdido cerca del 30% de su poder adquisitivo desde el inicio de la actual gestión de gobierno, más del doble que la media del sector público y 50 veces mayor que el rezago del sector privado registrado. Este deterioro afecta directamente la docencia y la investigación, erosionando los incentivos para mantener un desempeño académico de calidad.
El retroceso del financiamiento universitario también impacta en infraestructura y equipamiento tecnológico y deteriora progresivamente la calidad de otros servicios universitarios, como programas de extensión, que acercan conocimiento a la comunidad en todo el país y son clave para fortalecer el vínculo con la sociedad, y hospitales universitarios, esenciales para la atención médica y la formación de profesionales de la salud.
A diferencia de la educación obligatoria, donde algunas responsabilidades fueron asumidas por las provincias (por ejemplo, construcción de jardines o refuerzo salarial docente), en las universidades el gobierno nacional es el único responsable de su financiamiento, sin posibilidad de reemplazo por otros niveles de gobierno.
Gráfico 5. Desarrollo de la Educación Superior como % del PIB, 2005 a 2026 (p)
Fuente: elaboración propia con base en Mensaje del PLP 2026, Presupuesto Abierto e INDEC
Considerados de forma conjunta, estos programas tendrían en 2026 una caída real de 98,4% vs. 2023. Aunque en comparación con 2025 se proyecta un aumento de cerca del 364%, esta mejora se calcula sobre una base muy baja, dado que en 2025 se ejecutó un nivel muy bajo de transferencias.
El FONID, creado en diciembre de 1998 a través de la Ley 25.053, era un programa de refuerzos a los salarios docentes de escuelas de gestión pública o privada subvencionada de las provincias y CABA. Su implementación comenzó en el marco de un largo conflicto docente respecto de las bajas remuneraciones y la desigualdad salarial existente entre jurisdicciones.
El FONID consistía en un refuerzo salarial mensual de monto idéntico para cada cargo docente, pero con impacto distinto según la provincia –dado que los salarios básicos son determinados por cada una- y según características de los docentes –tales como antigüedad o credenciales educativas-. En 2023, su impacto promedio en los salarios fue de entre 6,6% y 10,6% de la remuneración bruta de un docente de primaria con 10 años de antigüedad, según la provincia de la que se trate[1]. Si bien este fondo no eliminó las diferencias en las remuneraciones para los mismos cargos y funciones entre las jurisdicciones, sí contribuyó a disminuir esta brecha entre provincias con distinta capacidad de financiamiento.
Inicialmente, se había establecido una duración de 5 años a partir de enero de 1998. Luego de múltiples prórrogas, el FONID tuvo vigencia durante 25 años, con una última extensión –vía Decreto 88/2022- que finalizó en el mes de diciembre de 2023. En su último año de vigencia, el FONID significó el 13,8% del presupuesto ejecutado por el entonces Ministerio de Educación. En 2024, el gobierno nacional decidió no renovarlo, por lo que finalizaron las transferencias a las provincias por este concepto[2]. Al comparar el Presupuesto 2026 con lo ejecutado en 2023, el FONID se ubica como el segundo programa que más contribuye a la reducción presupuestaria de la Secretaría, solo detrás del financiamiento universitario.
Por otra parte, con la Ley de Financiamiento Educativo, se creó el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, que apuntaba a contribuir a disminuir las desigualdades en el salario inicial docente entre provincias. Hasta 2024, el FCS fue incluido como una actividad dentro del programa presupuestario FONID. Si bien este programa sigue vigente, su volumen es muy reducido.
Este programa presupuestario tendría en 2026 una caída real de 75,6% vs. 2023, a pesar de que se incrementaría 13,2% vs. 2025. La mayor parte del presupuesto se destina a Becas Progresar, creadas en 2014 mediante DNU 84/2014 y convertidas en ley en 2023 (Ley 27.726), que brindan apoyo económico a estudiantes para promover permanencia, egreso y reinserción educativa en todos los niveles y formación técnico-profesional. En su versión original, estaba destinada a jóvenes de 18 a 24 años cuya situación laboral –y la de su grupo familiar- fuera de desocupación, empleo informal o con ingresos inferiores al salario mínimo vital y móvil. El programa tuvo múltiples transformaciones, que incluyeron la ampliación de los márgenes salariales, la extensión de la edad hasta los 30 años y la implementación de montos diferenciales para carreras estratégicas. La última novedad en este sentido fue la incorporación los estudiantes de 16 y 17 años en diciembre de 2021, con el objetivo de favorecer la terminalidad educativa.
El monto de las becas se ajusta discrecionalmente, por lo que su poder adquisitivo está sujeto a la distinta priorización de cada gestión de gobierno. La caída respecto de 2023 se explica principalmente por el deterioro del valor real de las becas, que tuvo su última actualización en septiembre de 2024. En los meses transcurridos de 2025, el valor real de la beca ha sido cerca de 45% menor a su equivalente de 2023.
Este programa fue discontinuado en 2024, por lo que no representa un cambio de política novedoso del Presupuesto 2026. Sin embargo, se ha optado por incluirlo en este análisis porque, dado su elevado peso en el presupuesto educativo 2023 –cuando representó el 4,4% del gasto del Ministerio de Educación-, su eliminación explica cerca del 9% de la reducción del financiamiento educativo prevista para el año próximo en comparación con 2023.
El programa Conectar Igualdad fue creado en el año 2010 con el objetivo de proveer infraestructura de conectividad y, especialmente, equipamiento tecnológico para su uso pedagógico en todo el sistema educativo. A lo largo de distintas gestiones de gobierno, las autoridades reformularon sus enfoques y estrategias, tanto en relación con los niveles educativos alcanzados como con las modalidades de provisión de equipamiento y conectividad.
Se destacan, por su impacto en la entrega de equipamiento, las siguientes variantes:
En 2024, el programa dejó de recibir financiamiento efectivo, sin nuevas compras ni distribuciones de equipamiento, y fue eliminado como programa presupuestario en 2025, interrumpiendo así su ejecución regular.
Este programa es presentado como uno de los ejes prioritarios para la política educativa nacional en 2026. La asignación prevista para su financiamiento representa el 9,2% del presupuesto de la Secretaría de Educación, siendo el segundo en orden de magnitud, sólo detrás del financiamiento de las universidades.
El componente de mayor peso dentro del programa es la Universalización de la Jornada Extendida, que refiere a un programa creado en 2022 –a través de resolución CFE 426/2022 y ministerial 1765/2022- con el objetivo de avanzar hacia la universalización de la jornada completa o extendida en las escuelas primarias de gestión estatal de todo el país. El programa prioriza que la extensión horaria esté destinada al fortalecimiento de la producción escrita, la comprensión lectora y la alfabetización matemática y científica. Según la normativa, el aporte del gobierno nacional debe cubrir al menos 80% de las horas adicionales del personal docente y equipos directivos.
La iniciativa comenzó a implementarse en 2022 sin poseer un programa presupuestario propio. Durante la actual gestión de gobierno se eligió profundizar esta estrategia, concentrando la mayor parte de los recursos destinados a la educación obligatoria en sólo uno de sus tres niveles: la escuela primaria. Este lineamiento marca una orientación clave en la política educativa, ya que jerarquiza un nivel sobre los demás en términos de los aportes concretos del Estado Nacional a la educación obligatoria.
El análisis realizado permite concluir que, tras el fuerte ajuste de 2024 y la reducción adicional estimada para 2025, el PLP 2026 proyecta una posible leve recomposición del gasto nacional que resulta insuficiente para recuperar los niveles reales de 2023. En este marco, la función Educación y Cultura mostraría en 2026 una mejora moderada bajo el escenario oficial (PLP), pero dicha recuperación se atenúa -incluso puede revertirse- si los precios evolucionan como en el escenario REM; por su parte, Ciencia y Técnica permanecería prácticamente estable en términos reales, sin un rebote significativo tras el bienio de contracción. Estas trayectorias dependen críticamente de supuestos macroeconómicos que lucen optimistas respecto del consenso de mercado, por lo que corresponde interpretar los resultados como rangos (PLP vs. REM) y no como un punto único.
Al mismo tiempo, se observa un aumento de la incertidumbre normativa y de gestión: la búsqueda de suspensión de pisos de financiamiento (art. 30 del PLP) y la derogación de la senda de la Ley 27.614 debilitan anclas que aportaban previsibilidad a la inversión en CyT; y las pautas del art. 12 para las universidades nacionales -condicionalidad informativa con posibilidad de interrumpir giros, exigencias contables y tutela sobre las plantas de personal- podrían tensionar la autonomía y autarquía del sistema si no se reglamentan con salvaguardas claras.
En relación con los programas de la Secretaría de Educación, que constituyen la principal jurisdicción que implementa políticas educativas, el PLP 2026 asigna el 4,27% del gasto de la APN para el próximo ejercicio, una proporción similar a 2025 pero muy por debajo del 6,36% de 2023, lo que confirma que la recuperación es acotada tras el ajuste del bienio 2024–2025. En comparación con 2023, el conjunto de programas de la Secretaría exhibe una caída real cercana al 49%, con solo dos excepciones: el programa de evaluación y el Plan Nacional de Alfabetización, recientemente incorporado.
La composición del gasto cambia de manera sensible: gana peso la educación superior en detrimento de otras áreas y, dentro de la educación obligatoria, se prioriza el nivel primario de la mano del programa de alfabetización. Este sesgo convive con la desaparición o fuerte desfinanciamiento de políticas clave para la escolaridad obligatoria, como Conectar Igualdad (discontinuado en 2024) y el FONID más el Fondo de Compensación Salarial, cuya caída explica una parte sustantiva del ajuste 2023–2026. Ello deja a las provincias con menor acompañamiento nacional en funciones con amplia responsabilidad financiera. En este marco, se verifica una desatención relativa hacia la educación secundaria, cuyos programas específicos no muestran señales de fortalecimiento pese a ser un nivel con desafíos persistentes de permanencia, terminalidad y calidad educativa. A su vez, el escaso financiamiento de la educación para el trabajo –incluyendo las diversas modalidades de la educación técnico profesional- indica que esta dimensión no constituye una prioridad del gobierno, aun cuando es central para la inclusión laboral de jóvenes y para el desarrollo territorial.
En el programa de desarrollo de la educación superior (financiamiento a UUNN), el presupuesto consolidaría un ajuste real equivalente al 30,9% para el período 2023-2026, con apenas +0,8% como repunte real 2025-2026 si se cumplen los supuestos oficiales. Dado que ≈90% de los recursos universitarios provienen de la Nación y 88% se destina a salarios, el deterioro presupuestario se refleja en pérdida salarial con efectos significativos sobre docencia, investigación, infraestructura y servicios (extensión y hospitales universitarios, entre otros). Es importante señalar en este caso que no existe otro nivel de gobierno alternativo que reemplace el financiamiento nacional debilitado.
En el plano programático, el Plan Nacional de Alfabetización emerge como prioridad de la nueva gestión y concentra ≈9,2% del presupuesto de la Secretaría -segundo ítem luego del financiamiento de las universidades-, sobre todo vía la búsqueda de universalización de la jornada extendida (cobertura de al menos 80% de horas adicionales por parte del gobierno nacional). Si bien se refuerzan objetivos pedagógicos centrales (lectura, escritura y alfabetización matemática/científica), su focalización en primaria acentúa el corrimiento de recursos dentro de la educación obligatoria.
En suma, pueden resumirse tres señales derivadas de la programación presupuestaria presentada para el sector educativo por parte del gobierno nacional: (i) consolidación de un ajuste significativo para la educación; (ii) mayor dependencia de la agenda universitaria en un contexto de espacio fiscal restringido con función de ciencia y tecnología también muy afectada; y (iii) andamiaje de políticas para la educación obligatoria con menos instrumentos nacionales (FONID, conectividad/equipamiento) y una nueva prioridad en alfabetización que no compensa la merma previa. A esto se añade la falta de prioridad para la educación para el trabajo y la escasa atención a la educación secundaria, que profundizan los desafíos estructurales del sistema. La trayectoria final del poder de compra quedará, además, atada al escenario macroeconómico que logre implementarse, por lo que debe leerse como un rango de posibles desafíos adicionales.
[1] OPC (2024). Impacto fiscal de los proyectos de ley sobre el Fondo Nacional de Incentivo Docente, mayo 2024. Disponible en: https://opc.gob.ar/impacto-proyectos-de-ley/impacto-fiscal-de-los-proyectos-de-ley-sobre-el-fondo-nacional-de-incentivo-docente/
[2] Durante 2024, se devengaron $42.928 millones en concepto de FONID y $15.978 millones de Compensación Salarial Docente, pero sólo se efectivizó el pago de esta última.
¿Cuáles son las expectativas y como nos ponemos de acuerdo en los distintos sectores? ¿Cómo resolvemos un futuro que es presente? [...] Hay que poner a los jóvenes en el centro e involucrarlos desde lo que les preocupa todos los días. — @melinamasnatta
Son mecanismos de ayuda para guiar la reflexión alrededor del uso ético de la inteligencia artificial para que sea un uso humano [...] El enfoque está basado en derechos: el centro de la reflexión es la perspectiva humana.— @agissellebf
