El gasto en prestaciones sociales volvió a contribuir positivamente a la variación real del gasto. Sin embargo, dentro de esta amplia categoría, fueron principalmente las prestaciones previsionales y la AUH las que explicaron el aumento real, mientras que los “otros programas” sociales y las asignaciones familiares formales continuaron retrayéndose. Dada la centralidad que tomó recientemente el debate previsional —a raíz de los proyectos de ley aprobados por el Congreso y vetados por el Ejecutivo— resulta oportuno repasar la dinámica reciente del gasto previsional. Como referencia, la ley sancionada incluía dos medidas principales que nos interesan aquí: (i) un incremento remunerativo del 7,2% para todas las prestaciones, compensando la brecha entre la suba de enero 2024 y la inflación de ese mes, [1] y (ii) un aumento en el bono para haberes bajos.

Un aspecto clave para interpretar las cifras es la inclusión de los “bonos complementarios”, pagos fijos no remunerativos que en el pasado fueron esporádicos, pero que desde 2021 se consolidaron virtualmente como un componente estable para los haberes mínimos. Considerando estos bonos, el gasto previsional total del SPN, que se redujo de 9,6% del PIB a cerca de 7% entre 2019 y 2023, siguió cayendo a inicios de 2024 y luego recuperó parcialmente terreno gracias a la desaceleración inflacionaria. Actualmente representa 7,1% del PIB en términos anualizados, un nivel similar al de noviembre 2023, previo al cambio de administración (Figura 3). En otras palabras, aunque durante 2024 el gasto previsional fue parte del ajuste fiscal, en la foto más reciente —con un superávit que se ha mantenido prácticamente constante— el gasto previsional ya no explica la mejora fiscal, dado que otras partidas continuaron contrayéndose mientras las previsionales crecieron. Cabe señalar, sin embargo, que esta recuperación solo revierte la caída más reciente, sin desandar la contracción acumulada de años anteriores derivada de los cambios en la fórmula de movilidad, que consolidaron un “ahorro permanente” en el gasto.

Desde el punto de vista de los beneficiarios, conviene distinguir entre quienes reciben bono y quienes no. La Figura 6 ilustra la evolución de ambas prestaciones desde noviembre 2023 (base 100). Históricamente, los haberes con bono (aplicado a jubilados con haberes mínimos, y posteriormente decreciente hasta alcanzar un máximo equivalente al haber mínimo más el bono) mostraron estabilidad relativa en términos reales, aunque con volatilidad. En cambio, las jubilaciones sin bono mostraron una caída sostenida. Desde diciembre 2023, la dinámica se revirtió: los haberes sin bono se recuperaron y hoy se ubican 10% por encima en términos reales respecto a noviembre 2023, mientras que las prestaciones con bono, cuyo valor nominal quedó congelado desde marzo 2024 (en $70.000), perdieron poder adquisitivo y se ubican 9% por debajo en términos reales del mismo período.

Más allá de los números, esta dinámica refleja la complejidad y desprolijidad del esquema previsional, atravesado por parches de corto plazo y elevada volatilidad normativa en la última década. El fuerte desequilibrio fiscal forzó a sucesivas administraciones a introducir mecanismos ad hoc, poco institucionales y de difícil previsibilidad, lo que derivó en un sistema fragmentado y opaco, con consecuencias distributivas y fiscales significativas.